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En la última década, el mundo ha sido testigo de un cambio profundo en la manera de financiar y desarrollar proyectos de infraestructura. Lo que comenzó como una tendencia marginal se ha convertido en un pilar estratégico para gobiernos, empresas e inversores a nivel global. Hoy, el enfoque en proyectos verdes es tan urgente como necesario para garantizar un futuro resiliente y próspero.
Este artículo explora las cifras, los impulsores y los desafíos de este fenómeno, ofreciendo una visión esperanzadora y práctica para quienes buscan participar en este mercado en expansión.
Para 2025, se espera que la inversión en iniciativas verdes deje de ser una opción voluntaria y pase a ser un estándar global impulsado por regulación. La Unión Europea, por ejemplo, está incorporando criterios de sostenibilidad en sus reglas fiscales y presupuestarias, alineándose con la Agenda 2030 y los ODS.
Las autoridades internacionales promueven marcos claros que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas. En este contexto, los informes ESG (Environmental, Social and Governance) se convierten en herramientas esenciales para evaluar el impacto y la viabilidad de cada proyecto.
América Latina y el Caribe enfrentan una brecha de infraestructura crítica que requiere inversiones equivalentes al menos al 2% del PIB anual durante un período prolongado. Según el BID, esta cifra es el umbral mínimo para cerrar la distancia entre la oferta actual y las necesidades del sector.
El Banco Mundial, por su parte, destaca que en países con marcos regulatorios sólidos y eficaces para asociaciones público-privadas (APP), las inversiones en infraestructura aumentaron en promedio USD 488 millones por país entre 1990 y 2022.
La infraestructura sostenible no solo reduce emisiones y optimiza recursos; también fortalece la competitividad de las economías al mejorar el acceso a servicios básicos y promover la integración regional.
Algunos ejemplos de proyectos exitosos incluyen:
Aunque el panorama global es prometedor, persisten retos significativos. En México, por ejemplo, se proyecta un recorte notable del gasto público en infraestructura de 12.7% para 2025, equivalente a 121,500 millones de pesos menos que en 2024.
La principal barrera sigue siendo la financiación. Es imprescindible diseñar asociaciones público-privadas altamente efectivas y esquemas de incentivos que atraigan capital privado sin sacrificar estándares ambientales ni sociales.
De cara al futuro, la disponibilidad y calidad de datos ESG serán determinantes. Las empresas deben adoptar transparencia y rendición de cuentas en sus procesos para ganar la confianza de los inversores.
Estamos ante una oportunidad histórica para redefinir nuestra relación con el entorno y con los recursos. Cada inversión en proyectos sostenibles es una apuesta por un futuro más justo, competitivo y resiliente.
Invitamos a inversores, gobiernos y comunidades a unir esfuerzos, explorar nuevos instrumentos financieros y exigir estándares claros. Solo así podremos lograr una infraestructura resiliente y de bajo carbono que garantice el bienestar de las generaciones venideras.
Referencias
