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La evolución de las cifras macroeconómicas proyectadas para 2025 está forzando una revisión profunda de las prioridades fiscales y sociales en México. Ante un panorama de moderado crecimiento y presiones financieras, los responsables de la política pública deben equilibrar necesidades inmediatas con metas de largo plazo.
La Secretaría de Hacienda pronostica un crecimiento económico de entre 2.0% y 3.0% para 2025, un rango que contrasta con las estimaciones más conservadoras de organismos internacionales. El Banco Mundial ajustó su previsión a 1.5%, el FMI a 1.3% y la OCDE a 1.2%. Banxico, BBVA y la Encuesta Citibanamex coinciden en una cifra cercana al 1.0%.
Este optimismo oficial frente a la cautela de los mercados refleja debates sobre la capacidad de sostener el dinamismo interno. Factores como la inflación global, la recuperación del consumo y las tensiones geopolíticas influyen en esas proyecciones.
El Paquete Económico 2025 plantea un recorte real de 3.3% en el gasto público programable. Aunque el monto nominal sube de 9.22 a 9.30 billones de pesos, la inflación reduce el valor real del presupuesto.
Estos ajustes buscan liberar recursos, pero elevan la preocupación por la presión sobre el gasto en intereses y la salud de las finanzas públicas. Cada peso destinado a pagar deuda es un peso que deja de invertirse en proyectos sociales.
Para 2025 se estiman ingresos totales de 9.3 billones de pesos, de los cuales 5.3 provienen de tributos como ISR e IVA. A pesar del crecimiento nominal, la relación ingreso-PIB sigue por debajo del récord de 2016.
La necesidad de reformas estructurales urgentes se deja sentir al analizar cómo fortalecer la recaudación y al mismo tiempo modernizar los mecanismos de gasto.
Los recortes en el presupuesto pueden afectar directamente la calidad de los servicios esenciales. Sectores como salud, educación e infraestructura social están en la mira de ajustes que podrían dejar a programas sociales esenciales en riesgo.
En un contexto de equilibrio entre austeridad y justicia social, el desafío es mantener el acceso a derechos básicos sin descuidar la estabilidad fiscal.
El crecimiento interno se basa en un consumo robusto, impulsado por aumentos salariales reales y un mercado laboral cada vez más inclusivo. A la par, el nearshoring atrae inversión extranjera y fortalece cadenas de valor en manufactura.
Sin embargo, amenazas externas al crecimiento mexicano como posibles aranceles de Estados Unidos, cambios en las políticas monetarias globales y un escenario incierto post pandemia generan riesgo. La volatilidad del tipo de cambio y la inflación importada también condicionan las decisiones de gasto y ahorro.
Organismos como la OCDE y la CEPAL insisten en la urgencia de transparencia y eficiencia. Diseñar un sistema tributario más sólido, ampliar la base contributiva y optimizar el gasto público son pilares fundamentales.
Solo así se podrá consolidar un fomento del desarrollo económico sostenible que beneficie a las generaciones presentes y futuras. El debate sobre el Paquete Económico 2025 debe centrarse en la sostenibilidad financiera, la competitividad y la equidad social.
La complejidad de los retos requiere diálogo amplio entre autoridades, sector privado y sociedad civil. Ajustar políticas sin sacrificar el bienestar colectivo es la gran prueba para los responsables de diseñar el rumbo económico de México en los próximos años.
Referencias
