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En un momento en que las economías buscan nuevos motores de crecimiento, los fondos de infraestructura se posicionan como actores clave para impulsar el desarrollo. La combinación de recursos privados, experiencia técnica y visión de largo plazo está transformando proyectos esenciales y generando oportunidades únicas.
La convergencia de desafíos fiscales, cambio climático y necesidad de modernización de activos públicos ha llevado a gobiernos y empresas a replantear esquemas de financiamiento tradicionales. En este contexto, la inversión privada emerge con fuerza ofreciendo capital, experiencia y enfoque sostenible.
En mayo de 2025, la Corporación Financiera Internacional (IFC) confirmó una inversión de hasta US$30 millones en el fondo BEEL Sustainable Credit II, gestionado por BEEL Infrastructure Partners. Este fondo aspira a un tamaño objetivo de cerca de US$400 millones, concentrándose en sectores estratégicos.
Los sectores elegidos incluyen servicios digitales, energía, transporte y logística, así como agua y saneamiento. La IFC considera la infraestructura como motor de mayor productividad y crecimiento inclusivo, clave para acelerar la transición energética y fortalecer la resiliencia climática.
En México, la inversión pública en infraestructura para 2025 se estima en 836.6 miles de millones de pesos (2.3% del PIB), un retroceso del 12.7% respecto a 2024. Este declive presiona las finanzas estatales y abre espacio a la iniciativa privada.
Ante limitaciones presupuestarias y un aumento del endeudamiento público, la participación de capital privado resulta esencial para rellenar la brecha de inversión y mantener el ritmo de proyectos prioritarios. La colaboración público-privada comienza a ser el modelo preferido para grandes obras.
El protagonismo de los fondos de infraestructura también radica en la creación de nuevos vehículos de inversión. Instrumentos como el financiamiento mezzanine, bonos verdes y estructuras sintéticas permiten atraer capital institucional.
La meta de la IFC es consolidar la deuda de infraestructura como clase de activo, capaz de competir con otras alternativas de inversión. Esto abre la puerta a fondos de pensiones, compañías de seguros y otros actores que buscan rendimientos estables y diversificación.
Además, estructuras de cofinanciamiento con multilaterales y organismos de desarrollo reducen el riesgo para los inversores y mejoran las condiciones de financiamiento para proyectos greenfield y brownfield.
América Latina y el Caribe captaron 48.9% de la Inversión Extranjera Directa dirigida a economías emergentes y en desarrollo en el último año, superando a Asia. Este fenómeno refleja el creciente interés internacional por la región.
La llegada de fondos de infraestructura internacionales y locales dinamiza fusiones, adquisiciones y nuevas iniciativas en sectores como energía renovable, transporte masivo y redes de telecomunicaciones. El resultado es fortalecimiento de mercados de capitales locales y mayor competitividad global.
La ejecución de proyectos de infraestructura tiene un impacto positivo en el mercado laboral, generando empleos directos e indirectos durante las fases de construcción y operación. Las cadenas de valor locales se benefician al integrarse a la cadena de suministro.
Más allá del empleo, la mejora de carreteras, líneas férreas, puertos y redes de agua y saneamiento eleva la calidad de vida, facilita el acceso a servicios básicos y reduce desigualdades regionales. La infraestructura es palanca de desarrollo humano y cohesión social.
A pesar de los avances, persisten retos como la competencia por recursos limitados, el marco regulatorio y la necesidad de elevar la capacidad técnica de los gobiernos para estructurar proyectos complejos.
La región invierte menos que Asia en infraestructura, lo que puede frenar su potencial si no se canalizan recursos adecuados. Por ello, es vital promover instrumentos financieros especializados y flexibles que atraigan inversores a proyectos de largo plazo.
De cara al futuro, la combinación de capital público y privado, junto con la implementación de marcos regulatorios sólidos y transparencia, permitirá canalizar mayores flujos de inversión. El desafío es construir un ecosistema que promueva crecimiento sostenible y resiliencia ambiental a largo plazo.
Los fondos de infraestructura han iniciado un protagonismo histórico. Al integrar objetivos financieros, sociales y ambientales, se consolidan como agentes de cambio para impulsar el desarrollo económico y humano en México y Latinoamérica.
Referencias
